domingo, 26 de octubre de 2008

EDUCACION, CORRUPCION Y JUSTICIA
Por RAFAEL RODRIGUEZ-JARABA

Muchos son los males que agobian a la democracia colombiana, que socavan su estabilidad, que lesionan su dignidad y que minan la credibilidad en sus instituciones. La corrupción encabeza la lista, y los estragos que su práctica produce, ensombrecen el camino y desalientan la esperanza.

La corrupción antes que ceder, se acrecienta. Los entuertos en la contratación pública aumentan; las componendas se apoltronan en los despachos públicos; la autoridad se vende; la justicia actúa con pasmosa lentitud; la impunidad prospera, y, todo, ante la mirada tolerante de una sociedad resignada, amistada con el facilismo y la relajación como consecuencia del rotundo fracaso de un sistema educativo, eficiente para informar, mas no para formar.

Es alarmante el aumento de los abusos, las contravenciones y los delitos, y peligrosa la renuencia de muchos ciudadanos a acudir a la justicia por tener serias dudas sobre su eficacia. Esta apatía compromete la sostenibilidad de la sociedad, obstruye la gobernabilidad del estado y aplaza la construcción de la paz. Si bien el país ha estado acostumbrado a la inobservancia de la ley, su distanciamiento de ella, cada día es mayor.

La situación, es grave y exige de una reacción firme y vigorosa por parte del estado. Al presidente Uribe, aun le queda tiempo, y de seguro energía, para emprender una cruzada contundente y sin antecedentes contra la corrupción. Si algo ha hecho por combatirla, su esfuerzo ha sido insuficiente, o al menos, inferior a ella.

Los medios, los gremios, los trabajadores, los estamentos del estado y la nación entera, liderada por el Presidente, mediante una convocatoria amplia e incluyente, deberíamos de concertar y suscribir un “Pacto Social” para detener, o al menos, disminuir la corrupción campeante que nos está envileciendo y pauperizando.

A pesar de que son pocos los delitos que se denuncian, la capacidad del sistema judicial está desbordada, en parte, porque el sistema financiero copa la mitad de ella, y porque son muchos los procesos intencionalmente abandonados.

El Congreso de la República debería desistir de tramitar reformas inútiles, como la financiera, y revivir la institución jurídica de la “Perención”, remedio contra la negligencia procesal, que acabaría con la dilación deliberada de litigios, y con el deprimente hacinamiento de expedientes en los despachos judiciales.

Si la educación formativa es el fundamento de la civilidad, la justicia es el garante de su permanencia. Es utópico pensar en progreso y bienestar sin justicia. Nada más esencial para una sociedad, que universalizar la educación y fortalecer la justicia. Vivificar la democracia supone, una administración de justicia eficiente y eficaz; carente de discriminación; administrada por ciudadanos eméritos, poseedores de virtud, ciencia y sabiduría.

Por complejos que sean los problemas que aquejan al sistema judicial, es imperioso encontrar soluciones que los resuelvan antes que utilizar la inmovilidad como instrumento de apremio para encontrarlas. Nada justifica, que en una nación civilizada se suspenda el servicio público de administrar justicia. Mal procede la rama judicial cuando deja a la nación huérfana de justicia, y peor aun, el Estado, cuando no prospecta oportunamente sus sentidas necesidades.

El gobierno debe sumar a sus empeños la declaratoria de guerra a la corrupción y la ejecución de una denodada política de apoyo a la justicia. Por su parte los educadores profesionales deberían de reflexionar sobre la eficacia de su papel como formadores de ciudadanos de bien.

miércoles, 23 de abril de 2008

NOBEL AL REPUDIO FINANCIERO

NOBEL AL REPUDIO FINANCIERO
Por RAFAEL RODRÍGUEZ-JARABA

Nada difícil resulta interpretar la entrega del Premio Nobel de la Paz a Muhammad Yunus, creador del Grameen Bank, como una señal inequívoca del repudio que produce la desatención de las necesidades de crédito de la población más vulnerable por parte de las instituciones financieras en los países del tercer mundo.

Premiar al Grameen Bank, por desarrollar un negocio que arroja moderados márgenes de ganancia, que le permiten efectuar operaciones activas de microcrédito con cerca de 6 millones de usuarios pobres, no debería ser motivo suficiente para otorgar un galardón tan señalado como el Nobel.

El otorgamiento de microcréditos es una necesidad seria, cierta y sentida que no debería ser ni excepcional ni meritoria, ni servir de catapulta política, y menos aun, ser objeto de despliegues de sensiblería humanitaria.

Otorgar microcréditos para apalancar pequeños proyectos productivos, más que meritorio, es determinante para promover el progreso social de la población. No hacerlo, en cambio, es desatender el cumplimento de un mandato legal que resulta fundamental para promover oportunidades de progreso.

Lo que si puede resultar meritorio, es destinar un capital para irrigar crédito a los sectores desatendidos por la banca formal y mas meritorio aun, reinvertir las jugosas ganancias obtenidas aumentando el capital disponible y la cobertura del servicio a más personas necesitadas.

Por eso, no es aventurado inferir, que el Comité Nóbel Noruego interpretó el malestar generalizado de la población ante el abuso de la posición dominante, y en ocasiones, colusoria que ejercen los agentes del mercado financiero, y con el otorgamiento del premio Nobel hizo un claro llamado de atención a banqueros y gobiernos.

Como ya lo hemos expuesto en demandas y conferencias, pocas cosas le producen tanto malestar a la opinión pública, como examinar mes a mes, los siderales rendimientos que obtiene el sistema financiero, en buena medida, producto de la tolerancia estatal que permite el cobro de servicios caros y el usufructo de márgenes de intermediación exorbitantes por la prestación de un servicio publico básico para afianzar el desarrollo. Estas utilidades, en parte son obtenidas como resultado de la imperativa necesidad de las empresas de valerse del sistema financiero para dar formalidad a la administración de sus negocios.

Si bien el desarrollo requiere de un sistema financiero sólido y sostenible, la intermediación no debe ser el mejor negocio, y de serlo, se convierte en una actividad lesiva a la productividad, que desbancariza la población, agobia al sector real, desestimula la inversión y concentra malamente la riqueza.

El estado debe ser respetuoso del mercado, pero no debe tolerar prácticas abusivas que envilecen la economía. En Colombia el mercado financiero está desbordado, pero el estado no lo reconoce y por temor a mostrarse intervencionista termina siendo complaciente con sus abusos.

En la mayoría de los establecimientos bancarios, las quejas son inefables, la mala atención inadmisible, y los cobros abusivos una constante. Las autoridades financieras insisten en la autorregulación y en la observancia de los principios del gobierno corporativo, pero la aplicación de estos instrumentos no produce mejoras, los abusos se perpetúan y están acostumbrando a los usuarios a la indefensión y la resignación.

*RAFAEL RODRIGUEZ-JARABA
Abogado. Asesor Jurídico. Consultor Corporativo. Catedrático Universitario.

JUGUETES PERVERSOS

AYUDA DE MEMORIA

RAFAEL RODRÍGUEZ-JARABA*

Producir juguetes utilizando pinturas con plomo, ni es nuevo, ni es novedoso, pero si repudiable. Lamentablemente, esta es una vieja práctica, develada, denunciada y perseguida por el Derecho del Comercio Internacional.

Son muchos los productos que se venden a precios irrisorios, elaborados con insumos y materias primas baratas pero altamente contaminantes; con ello se busca disminuir costos para ofertar precios competitivos que permitan conquistar mercados, u, obtener mayores márgenes de ganancia, sin considerar el grave daño que se infringe.

Para hacer más execrable este delito, la mayoría de las veces, se comete en la fabricación de productos populares que adquiere la población más pobre, agudizando la inequidad, denunciando la falta de capacidad técnica de los estados para proteger el consumo, y sobretodo, urgiendo a la administración de las empresas a privilegiar la ética, la autorregulación y los principios jurídicos que promueve el Gobierno Corporativo.

El Dumping, inveterado y soterrado delito depredador, cada día está más sitiado por el derecho moderno por constituir una estrategia perversa que distorsiona la competitividad mundial. Infortunadamente, son muchas las naciones emergentes que la emplean para lograr su inserción al mercado global.

En el pasado, solamente constituía Dumping, la exportación de productos a precios inferiores al valor normal, bien fuera, a un precio menor que al que se venden en el mercado interno, en terceros países, o, al costo de producción.

Pero en el mercado de hoy, el Dumping adquiere nuevos ropajes y su práctica mimetizada en sofisticados procesos productivos permite la fabricación de bienes a precios artificialmente bajos, obtenidos con métodos productivos perjudiciales para el medio ambiente, la salud y la vida humana y animal.

El Dumping, empieza favoreciendo, pero termina lacerando a los consumidores. Esta defección del mercado, constituye competencia desleal para las empresas honestas que de manera ética, responsable y segura, producen sin lograr competir con los depredadores.

Más despreciable aun, resulta el Dumping Social, empleado para fabricar y exportar bienes a precios artificialmente bajos obtenidos con el trabajo no remunerado de presos, de trabajadores indocumentados que perciben salarios inferiores al mínimo legal, de personas aun esclavizadas y del trabajo obligatorio y no remunerado de mujeres y niños.

Algunos países emergentes que engañosamente deslumbran por sus siderales tasas de crecimiento, encabezan la lista de acusados de Dumping ante El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

La discriminación social, racial y religiosa; la violación de los derechos humanos; la precaria conservación de la biodiversidad; el irrespeto de la dignidad humana y el desprecio por la propiedad intelectual, jamás habían tenido un mejor denunciante que la Globalización. Merece encomio el trabajo incesante de la OMC para desalentar el dumping como estrategia empleada para abaratar costos, y obtener posturas competitivas, en desmedro de la economía mundial, los derechos humanos y el medio ambiente.

*Abogado. Asesor Jurídico. Consultor Corporativo. Especialista en Derecho del Comercio Internacional y Derecho Financiero. Analista Económico. Catedrático Universitario.

A CORREGIR EL RUMBO

AYUDA DE MEMORIA

A Corregir el Rumbo


RAFAEL RODRIGUEZ-JARABA*

El Banco de la República sigue contrayendo la economía y revirtiendo su tendencia favorable. Antes que conjurar la inflación, la está provocando y, en su afán por combatirla, precipitó la revaluación.
Aducir exceso de oferta crediticia en un país desbacarizado donde sólo el 30% de la población tiene acceso al crédito, es una falacia invencible que solo sorprende a incautos. Si eso fuera así, ¿qué sucedería si el 60% o el 70% de la población tuviera acceso al crédito?

De ese fútil argumento se ha valido el emisor para aumentar la tasa de intervención, y para justificar la resurrección del ‘encaje marginal’, odioso instrumento de contracción monetaria, propio de los tiempos idos.

Restringir y encarecer la oferta monetaria, en un país ávido de crédito, en cambio de exigir a las instituciones financieras prudencia y mejor estudio en la colocación de créditos de consumo, es evidencia de facilismo.
Seguramente al Emisor le sobran buenas intenciones, pero le faltan razones para justificar sus decisiones. Su intervención mediática y sin contexto se aleja de la prudencia y se acerca a la improvisación y al yerro. La sabiduría que algunos le atribuyen al banco, se desmorona con tan palmarios desatinos.
Pareciera que el Banco estuviera aprendiendo política monetaria, pues de lo contrario no se explica la improcedencia de sus decisiones. Por confundir ‘inflación’ con ‘estanflación’, distorsiona la aplicación de la teoría de intervención, útil para desalentar la inflación en épocas de recesión a consecuencia de la emisión furtiva de dinero o del crecimiento artificial de la demanda. En Colombia no hay recesión; por el contrario, hay crecimiento sostenido de la demanda, pero al restringirse el crédito, se podría provocar.
El aumento consecutivo de la tasa de intervención y la implantación del encaje marginal no sólo desató alzas en las tasas de interés, sino que encareció el dinero, orientó más ahorro hacia la intermediación, provocó alzas en los precios y causó mayor desplome de la tasa de cambio.
Contrario a lo que asevera el Banco, el brote inflacionario es consecuencia directa del espiral de alzas desatadas por el aumento del precio de los combustibles y por el costo abusivo de los servicios financieros.
Si bien, al Banco de la República debe velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, no le corresponde dirigir la economía, y menos, restringir con medidas monetarias las distorsiones del mercado.

Mientras el banco no corrija el rumbo, no habrá recuperación de la tasa de cambio.

*Abogado. Economista. Consultor Jurídico & Corporativo. Analista Económico. Catedrático Universitario.